El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo informó a través de una nota de prensa que se reunió con un grupo de “empresarios representativos del sector privado”, pero sin que se conociera mayores detalles del encuentro, ni los nombres de sus protagonistas.

Lo que sí se dijo es que en esta sesión estuvo invitado el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, así como el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag. La misma terminó en una promesa de diálogo de las autoridades gubernamentales.

“En el abierto intercambio, se ha confirmado la necesidad de un entendimiento para empezar una negociación, a través de un encuentro incluyente, serio y franco”, informó la dictadura.

Según el cardenal Brenes, tanto Ortega como Murillo estuvieron en la reunión, adonde escucharon de “manera receptiva” la preocupación del sector empresarial por la crisis que vive el país.

“Lo importante es que se van a estar dando estos encuentros y es un inicio para superar la problemática del país”, añadió el arzobispo de Managua.

Por su parte, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, valoró como importante el esfuerzo para abrir una puerta que ha estado cerrada durante mucho tiempo.

El embajador de Estados Unidos, Kevin Sullivan, dijo que su gobierno acogía este esfuerzo, pero reiteró que “las negociaciones requerirán de esfuerzos de buena voluntad para alcanzar soluciones reales en tiempo real para el pueblo de Nicaragua”.

El encuentro con el sector empresarial se dio dos días después que se reanudaran también las conversaciones entre el régimen y la OEA.

En el comunicado de la Cancillería de Nicaragua ni siquiera se menciona el tema de los reos políticos o que Daniel Ortega acepte trabajar las reformas electorales, a las que él mismo se había negado, pero con miras en 2021, cuando se vence su período. De manera que Ortega sigue cerrado en adelantar elecciones.

“Me parece positivo que vuelva la OEA a Nicaragua, porque solamente con un diálogo sincero podemos restaurar el orden democrático del país, pero lo planteado por el régimen en su comunicado es una falacia”, resaltó el jurista Gabriel Álvarez.

Cortesía: La Prensa.

 

 

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